Bogotá, 9 de junio de 2010
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La Senadora Liberal Piedad Córdoba presentó hoy ante la Fiscalía, dos denuncias, una penal y otra disciplinaria, contra el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, por probables conductas de ilícitas en el ejercicio de su cargo.
La denuncia penal ante la Fiscalía por el delito de prevaricato por acción, al formular pliego de cargos contra la Senadora con base en supuestas pruebas obtenidas ilícitamente, las cuales presuntamente se obtuvieron de los computadores de Raúl Reyes y que la vincularían con grupos al margen de la ley.
Según la denuncia, la supuesta prueba es ilícita porque el operativo se realizó en un país extranjero, en el cual ninguna autoridad colombiana tiene competencia para recoger pruebas sin ceñirse a los procedimientos establecidos en la ley y en los convenios internacionales.
Según la denuncia, la supuesta prueba es ilícita porque el operativo se realizó en un país extranjero, en el cual ninguna autoridad colombiana tiene competencia para recoger pruebas sin ceñirse a los procedimientos establecidos en la ley y en los convenios internacionales.
En la denuncia se argumenta que, según la ley colombiana, las pruebas obtenidas, sin ceñirse a dichos procedimientos, son inexistentes y por eso no pueden servir como base para adelantar proceso alguno, y por lo tanto, deben ser excluidas.
Según los abogados de la Congresista Liberal, “esa obligación de exclusión de las pruebas obtenidas ilegalmente, y las reiteradas decisiones de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que la confirman, son suficientemente conocidas por el Procurador, por lo que es dable deducir que actuó con dolo al iniciar la acción disciplinaria”.
Finalmente, la denuncia disciplinaria ante la Corte Suprema se sustenta en que, según lo señalado por el Código Disciplinario, la comisión de una conducta constitutiva de delito deberá ser igualmente investigada como falta disciplinaria.
