Córdoba detalló que en la reunión que sostuvo en Nueva York, con el paramilitar desmovilizado Diego Murillo, alias Don Berna, pudo evidenciar las dificultades que se tienen para entregar mapas, donde se pueden ubicar las fosas comunes
Prensa web YVKE, Agencias
1 de junio de 2009
La senadora colombiana Piedad Córdoba denunció que no existen instrumentos de cooperación de parte del gobierno de Álvaro Uribe para que los paramilitares extraditados confiesen los crímenes que cometieron cuando pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En entrevista este viernes con el canal multiestatal de noticias Telesur, la parlamentaria aseguró que no existe voluntad de las autoridades colombianas de facilitar testimonios claves para el esclarecimiento de los crímenes de las AUC.
Córdoba detalló que en la reunión que sostuvo en Nueva York, con el paramilitar desmovilizado Diego Murillo, alias Don Berna, pudo evidenciar las dificultades que se tienen para entregar mapas, donde se pueden ubicar las fosas comunes o donde se puedan tener fotos para señalar o identificar algunas de las personas que trabajaron con ellos.
Para la legisladora, el proceso que lleve a la verdad sobre esos crímenes no se trata simplemente de buscar quién disparó el arma, quién puso a funcionar la motosierra o quiénes echaron a los hornos crematorios los cadáveres de las personas vivas o muertas.
"Se trata de investigar quiénes estructuran el paramilitarismo, quiénes lo financian, cómo realmente se puede acabar con esta circunstancia que habla muy mal de la democracia del país y que no le permite avanzar hacia una sociedad civilizada y de inclusión", advirtió.
Los máximos jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pactaron en 2005 con el Gobierno del presidente Uribe la desmovilización de 31 mil combatientes a cambio de beneficios legales.
Dentro del acuerdo estos paramilitares debían confesar cerca de 20 mil crímenes que cometieron en la nación, pero sólo llegaron a declarar en torno a cinco mil casos.
El gobierno colombiano decidió repentinamente hace un año extraditar a 14 de los máximos jefes de las AUC a Estados Unidos argumentando que violaron el pacto y seguían delinquiendo desde prisión.
No obstante, el fiscal colombiano Mario Iguarán aseguró que hasta el momento no hay ni una sola prueba de que éstos cometieran algún delito cuando estaban presos en el país andino.
