Se trata de un encuentro de las empresas relacionadas con la agroindustria de la palma de aceite en América Latina. En este encuentro buscan "adquirir la certificación para poder llevar los aceites de palma, sus derivados y productos a los mercados internacionales principalmente" en la que a la palabra cultivo se le añada el apellido de "sostenible". No es casual que se celebre en Colombia, un país cuyo presidente, Álvaro Uribe, ha dicho textualmente que quiere que el país sea para el 2020 "la Arabia Saudí del biodiesel".

El ministro de agricultura colombiano anunció que la palma africana será uno de los sectores mas beneficiados en el polémico Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Desde las organizaciones sociales, la interpretación que se ha hecho de estas afirmaciones es que la extensión a seis millones de hectáreas en palma africana prevista por el Ejecutivo no tienen otro objeto que exportar el biodiesel a Estados Unidos, sin aranceles, pero a muy bajo precio. Esto ha provocado que muchas organizaciones campesinas nacionales y otras organizaciones ecologistas internacionales denuncien estas políticas agrícolas que, según ellos, tiran piedras sobre su mismo tejado en lo que se refiere a la soberanía y a la seguridad alimentaria.

Un grupo cada vez más numeroso de organizaciones en todo el mundo ve esta reunión de empresarios promovida por las autoridades como un intento de lavado de cara, de falsa propaganda ecologista, mientras que muchos expertos sostienen que el cultivo de la palma africana da más problemas que soluciones. Desde su columna de The Guardian, George Monbiot, una eminencia del periodismo medioambiental —Nelson Mandela le otorgó el Premio a los logros excepcionales por el medioambiente— calificó a la palma de aceite como "el cultivo más destructivo de la tierra".

La primera denuncia medioambiental se refiere a la deforestación de bosques tropicales, un tema que ha sido abordado en más de una ocasión por el Panel Intergubernamental sobre Bosques de las Naciones Unidas. Este organismo identificó como causas de la deforestación y la degradación de los bosques, las políticas encaminadas a sustituir bosques por plantaciones industriales como la palma africana o, algo casi tan nocivo para la población como es el avance de la frontera agrícola empujada por las plantaciones de monocultivos. Así, mientras estados como Estados Unidos se esfuerzan por "garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos", las organizaciones denuncian que las naciones desarrolladas incentivan este tipo de cultivos en otros países.

La historia de la palma Africana en Colombia ha estado plagada de problemas desde sus inicios en los años treinta. Aunque ha producido riqueza para el país, ha tenido episodios relacionados con la violencia, la violación de los derechos humanos y el paramilitarismo que han empañado su trayectoria. La senadora colombiana Piedad Córdoba ha denunciado en varias ocasiones los abusos cometidos por grupos paramilitares que han despojado de sus fincas a campesinos, utilizando la fuerza e incluso asesinándolos, para cultivar palma africana en esas tierras.

Un informe de la ONG Human Rights Everywhere denuncia que para procurarse las tierras necesarias a costos mínimos, "las empresas no han dudado en apropiarse de manera ilegal de terrenos pertenecientes a minorías étnicas y pequeños campesinos, muy a menudo con la conminencia de los gobiernos que no han protegido que no han protegido a los legítimos propietarios o han permitido interpretaciones de la ley a su disfavor".

La violencia no se ha limitado a la apropiación de territorios. Según la Organización Internacional del Trabajo, "los trabajadores de estas plantaciones poseen uno de los más altos índices de pobreza del sector agrícola". A esto hay que añadirle la persecución a la que se han visto sometidos muchos de sus sindicalistas El caso más sangrante es el de la Chiquita Brands, que tuvo que reconocer que contrató a grupos paramilitares para asesinar a líderes sindicales, por lo que tiene un proceso abierto en Estados Unidos y se vio obligada a marcharse de Colombia, aunque no fue procesada ni en Colombia ni en Estados Unidos.