Lo que en principio fue interpretado como un primer paso hacia una Ley de Punto Final, esta semana empezó a tomar forma en las explicaciones del propio presidente Uribe, quien aclaró que el primer escenario pretende ayudar a fortalecer la paz con la tutela de la Iglesia Católica, mientras el segundo escenario, según él, está encaminado a “estimular la verdad y superar la impunidad sin excluir las responsabilidades penales de cada caso”.

Con cierto halo de misterio, al afirmar que lo hace por “una razón superior para la conveniencia del Estado que oportunamente conocerá el país”, el Primer Mandatario anunció que más allá de la aprobación o gusto de las Farc, antes de dos semanas promoverá la excarcelación masiva de guerrilleros de las Farc, siempre y cuando no estén condenados por delitos graves o conductas atroces y hayan cumplido un alto porcentaje de su pena.

Al explicar la fuente jurídica para respaldar su decisión, Uribe Vélez manifestó que se lo permiten las normas contenidas en la denominada Ley de Orden Público, que se ha venido renovando desde hace varios años y que, básicamente, en virtud de las leyes 418 de 1997, 782 de 2002 y 1106 de 2006, permite la excarcelación, con la misma metodología con que se inició el proceso de paz del Gobierno con los grupos paramilitares.

No obstante, el Primer Mandatario dejó en claro que los beneficiarios de la masiva excarcelación tienen que convertirse en voceros de la desmovilización, gestores de paz y además deben adquirir el compromiso de no volver a delinquir. A quienes acojan estas condiciones se les levantarían las órdenes de captura y sus conductas posteriores quedarían sujetas a la veeduría y tutela de la Iglesia Católica.

Al concluir la semana trascendió que una comisión del Estado ya empezó a revisar los procesos judiciales de unos 1.600 guerrilleros de las Farc que hoy están presos en las distintas cárceles del país, y que básicamente se trata de establecer que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Según el presidente Uribe, para el 7 de junio los tendrá trasladados a un lugar distinto a la cárcel y éste será el primer paso hacia la liberación de las personas secuestradas.

Asimismo, El Espectador conoció que el Gobierno le solicitó a la Fiscalía el número de procesos que adelanta actualmente contra guerrilleros de las Farc. El ente investigador reportó que hoy, en las diferentes dependencias del país, existen 4.418 guerrilleros de las Farc procesados por diferentes delitos, y que en su mayoría estos insurgentes se encuentran procesados por rebelión y tráfico de armas.

Los de parapolítica

Si bien la masiva liberación de guerrilleros ha sido interpretada como una audaz estrategia del Gobierno para quitarle piso a las intenciones de réditos políticos de las Farc con el acuerdo humanitario, el segundo componente de la excarcelación planteada por el Primer Mandatario, desde su mismo anuncio ya promete una intensa controversia, pues los principales beneficiados serían los dirigentes presos por el escándalo de la parapolítica.

En el segundo caso, el propio Presidente reconoció que se requiere una ley de la República y que la excarcelación total o parcial estaría encaminada a amparar a aquellas personas que se comprometan a confesar la verdad, independientemente de si se trata de personas acusadas de nexos con los paramilitares o de haber tenido vínculos con la guerrilla. En opinión del Primer Mandatario, se trata de ayudar al destape que hoy vive el país.

El Jefe de Estado se mostró contrario a que una iniciativa semejante se tramite a través de un referendo ciudadano pues, en su criterio, la Constitución señala que el Gobierno es el responsable del orden público y, como tal, debe ser quien avance en esta iniciativa para alentar la verdad. Entre otras cosas, insistió, porque los eventuales dirigentes que fueran cobijados con la excarcelación total o parcial tendrían que aceptar de antemano que la decisión equivale a su muerte política.

De prosperar la segunda iniciativa del Gobierno, el Presidente de la República quedaría excluido de cualquier tipo de beneficios. En cambio, quienes hoy están procesados por concierto para delinquir, por nexos con los grupos paramilitares, podrían ser los primeros en acogerse a la eventual ley, sin que ello signifique un indulto, una elusión de las responsabilidades penales o una negativa a insistir en la verdad. Según Uribe, es precisamente que nada quede sin saberse.

Mientras el Gobierno redondeaba su propuesta de excarcelación, el Ministerio Público ya tenía listo su concepto sobre la viabilidad de otorgar amnistías o indultos a miembros de grupos armados al margen de la ley. Básicamente su postura es que tanto en la normatividad nacional como en la internacional, son posibles ambas opciones pero no se pueden otorgar si se trata de graves violaciones a los derechos humanos y el DIH.

En síntesis, en medio del escándalo de la parapolítica, el Gobierno ha puesto a debatir al país sobre un doble camino: la excarcelación masiva de guerrilleros que se comprometan a no volver a la confrontación armada y enarbolar las banderas de la paz; y la excarcelación de procesados por paramilitarismo y delitos conexos, a través de una nueva ley, siempre y cuando se comprometan a fortalecer la verdad y renunciar definitivamente a nuevas aspiraciones políticas.

La incógnita que queda en el ambiente es: ¿cuáles son las urgentísimas razones de Estado que llevan al Presidente a ponerle una fecha fatal a la excarcelación de guerrilleros? ¿Se acerca un acuerdo de cese de hostilidades con el Eln como se ha venido ambientando? ¿Los viajes del Alto Comisionado a Francia son sigilosos pasos hacia un acuerdo directo con las Farc? ¿El escándalo de la parapolítica aumentará sus graves revelaciones? Por ahora el país sólo sabe que habrá menos presos en las hacinadas cárceles.

El pulso entre Gobierno colombiano, Farc y Francia

Mientras el Gobierno abrió el debate de la excarcelación de guerrilleros y puso a consideración del público el tema en su página oficial, las Farc y Francia están dando sus propios pasos para propiciar la liberación de 56 secuestrados que están en poder de la insurgencia.

Pasos que este viernes empezaron a ser más largos con una nueva conversación telefónica sobre el tema de los plagiados entre los presidentes de Colombia y Francia, Álvaro Uribe y Nicolás Sarkozy. Los dos mandatarios coincidieron en mantener el contacto con el fin de seguir el caso de Íngrid Betancourt.

Las Farc, por su parte, solicitaron el jueves a Sarkozy ejercer sus “buenos oficios” para buscar el acuerdo humanitario. Otra señal tiene que ver con las palabras del canciller Fernando Araújo, quien calificó de “adecuado” el hecho de que la guerrilla esté dispuesta a reunirse con algún emisario francés para explorar un eventual acuerdo.

Todos estos hechos han llevado a Francia a expresar su confianza en la voluntad tanto de Uribe como de las Farc. Lo que sí ha dejado claro el Primer Mandatario colombiano es que no cederá en lo de la zona de despeje, que insistentemente pide la guerrilla. Y Uribe sabe también a que atenerse con el gesto de la excarcelación: “La decisión no garantiza que las Farc vayan a liberar secuestrados, pero es un esfuerzo adicional del Gobierno mostrando su buena fe”.

Opiniones

Gina Parody

Senadora Partido de la U

Estoy de acuerdo con la excarcelación total o parcial de guerrilleros, es un gesto de paz por parte del Presidente y existe el instrumento jurídico para que sea posible.

Carlos Gaviria

Presidente Polo Democrático

La propuesta de excarcelar a los vinculados con el escándalo de la parapolítica es un acto de desespero del Presidente, que se refleja en una iniciativa que no coincide con el espíritu de la Ley de Justicia y Paz.

Andrés González

Ex ministro de Justicia

La excarcelación de guerrilleros debe acompañarse de liberación de secuestrados. Usted suelta, yo suelto. Las cosas no le pueden salir gratis a la guerrilla.

Fernando Giraldo

Politólogo Universidad Javeriana

La propuesta de excarcelar a los guerrilleros es fruto de una necesidad política del Presidente para desviar la atención del escándalo de la parapolítica y volcarla sobre un tema de interés nacional: el intercambio humanitario.